20 de febrero de 2021
La unión Latinoamericana de ciegos (ULAC) manifiesta su preocupación ante el incremento de las asimetrías que afectan de manera desproporcionada a las personas ciegas y con baja visión en Latinoamérica, y llama a los gobiernos de la región a emprender medidas inmediatas para cerrar las brechas y reducir las desigualdades.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, que tiene como propósito promover el empleo y el trabajo digno, la erradicación de la pobreza y asegurar el acceso al bienestar social, mediante la eliminación de las barreras que enfrentan las personas debido al género, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad; nuestra organización desea hacer patente su preocupación debido a la ausencia de datos actualizados sobre el impacto que la pandemia ha causado a las personas con discapacidad y en particular, a las personas ciegas y con baja visión en Latinoamérica.
Si bien el pasado mes de enero la CEPAL publicó un documento revelando que en la región viven alrededor de 70 millones de personas con discapacidad, y que estas comúnmente enfrentan tasas más altas de pobreza, desempleo, violencia y marginación que la población sin discapacidad. No se cuenta con información sobre el impacto que las políticas generales de respuesta al COVID-19, están causando a este sector de la población. Sin embargo, es innegable que las decisiones ejecutadas sin perspectiva de discapacidad, exacerban las barreras institucionales, del entorno y de actitud, justifican las prácticas excluyentes por parte de las instituciones y el sector privado, y legitiman la discriminación estructural y sistemática (CEPAL, enero 2021).
La Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), recuerda a la OEA la “Intervención urgente para eliminar todas las formas de discriminación negativa en contra de las personas ciegas y con baja visión de la Región”, de fecha 31 de marzo de2020, mediante la cual solicitamos al Secretario general se exija a los Estados miembros incluir a las personas ciegas y con baja visión en sus decisiones y actuaciones frente a la pandemia que amenaza a las Américas. Así mismo, las recomendaciones para que los gobiernos de la región garanticen el acceso de las personas ciegas y con baja visión a la información, la educación, la cultura, el empleo y el trabajo en la pandemia por la COVID-19 (ULAC, 2020).
En ambos llamados, ULAC ha sido enfática respecto al impacto desproporcionado que puede acarrear el no tener en cuenta a las personas con discapacidad visual en el diseño e implementación de políticas públicas. Sin embargo, seguimos asistiendo a la emisión de planes gubernamentales generales que omiten la formulación de políticas diferenciadas y focalizadas para responder a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad visual.
A casi un año de la declaratoria de emergencia en los países latinoamericanos, se carece de información estadística y datos desagregados por discapacidad aunados a la edad, género, condición social y de salud, acceso a dispositivos y tecnologías de la información y la comunicación, deserción escolar, educación de calidad y empleo.
En ULAC, creemos que no puede aludirse a la justicia social dejando al margen de las decisiones a cerca de un 15%de la población y recuerda la suscripción de importantes instrumentos jurídicos, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, el Programa de acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad y el consenso de Montevideo, que colocan al centro de las decisiones a las personas con discapacidad desde la formulación de políticas públicas hasta la rendición de cuentas.
Finalmente, hacemos un atento llamado a dar cumplimiento a la obligatoriedad de consultar a las personas con discapacidad durante y después de la pandemia, a efecto de generar políticas y planes de acción inclusivos que fomenten la igualdad y garanticen la equidad entre las personas con y sin discapacidad, de conformidad con el artículo 4 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General No. 7, publicada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.